La iniciativa llevada a cabo por BID, CAF y CEPAL reporta los recursos destinados a inversión en infraestructura económica (agua y saneamiento, defensas contra inundaciones, energía, riego, telecomunicaciones y transporte). Se considera la inversión realizada por el sector público, incluyendo tanto a las empresas públicas no financieras como al gobierno general – que puede comprender tres o más niveles de gobierno (central; estatal, provincial o regional; y local).
Los sectores cubiertos se concentran en la infraestructura proveedora de servicios. Porlo tanto, se excluye la inversión en infraestructura destinada a la producción de petróleoy gas, y a los sectores de refinación y petroquímica. También se excluyen a ladenominada infraestructura social que abarca escuelas, hospitales, viviendas y a lainfraestructura de seguridad.
Los sectores relevados son los siguientes:
1) Agua: Agua y saneamiento (provisión de agua potable por red, provisión deservicios sanitarios); defensas contra inundaciones (obras urbanas y rurales quetengan como objetivo mitigar los efectos de inundaciones); riego (instalaciones parasistemas de riego artificial);
2) Energía: generación, transmisión y distribución de electricidad; transmisión y distribución de gas natural;
3) Telecomunicaciones: servicios de telefonía fija, celular, satelital, datos y conectividad a internet;
4) Transporte: caminos y rutas, transporte urbano masivo, transporte ferroviario (infraestructura y material rodante), transporte aéreo y transporte fluvial y marítimo.
La inversión pública se releva a partir de los gastos de capital, que constituyan inversiones en los sectores incluidos en este proyecto. Se incluyen inversiones en proyectos cuya vida sea superior a un año y estén sujetas a depreciación, para lossiguientes tipos de proyectos:
Para la medición de la inversión, se excluyen del relevamiento los gastos corrientes, de mantenimiento y reparaciones periódicas de los activos, ya que no se encuentran comprendidos en ninguna de las tres categorías antes mencionadas. Es decir, se excluyen aquellos gastos que no aumentan el rendimiento o la capacidad de los activos fijos existentes, ni prolongan significativamente su vida útil esperada.
Tampoco se considera como inversión a los efectos de este trabajo a los gastos administrativos asociados a las funciones del gobierno en los sectores mencionados. Por ejemplo, la compra de computadoras o los gastos administrativos de los organismos de gobierno encargados de regular o supervisar los sectores definidos en este trabajo (como Ministerios o autoridades regulatorias).
La iniciativa de BID, CAF y CEPAL busca recopilar, tratar y validar la información a partir de las estadísticas de finanzas públicas. En esta línea, CEPAL ha elaborado un documento denominado “Recolección y tratamiento de datos sobre inversiones en infraestructura a partir de las finanzas públicas en América Latina y el Caribe”, que entrega un glosario y un formulario diseñados como instrumentos de consulta y apoyo para las personas responsables de recopilar en terreno la información sobre inversiones en infraestructura realizadas por el sector público en los países de América Latina y el Caribe. Cabe señalar que la alineación entre los conceptos de las cuentas presupuestarias y los conceptos y pautas vertidos en dicho glosario y formulario constituye una meta aún por alcanzar.
La inversión del sector público se mide y se reporta en moneda nacional a precios corrientes. Se transforma a dólares de Estados Unidos (USD) a precios corrientes utilizando el tipo de cambio nominal de CEPALSTAT. Posteriormente se expresa en porcentajes del PIB utilizando los valores de CEPALSTAT a precios corrientes en dólares de Estados Unidos. Los gastos de inversión se miden en base devengado en todos los casos en los que es posible.
Actualmente la iniciativa registra datos de inversión en infraestructura para los siguientes 21 países: Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De manera general, la data va desde el 2008 hasta 2017, con excepción de algunos países donde la data puede encontrarse algo rezagada.
Esta iniciativa es un proyecto en desarrollo que busca actualizar los datos en forma anual, así como ampliar la cantidad de países y mejorar los datos disponibles. Los datos de inversión publicados podrán ser revisados periódicamente debido a mejoras en la calidad de los datos o gracias a los comentarios recibidos de los usuarios.
Los gastos de inversión pública se miden a partir de los datos de ejecución presupuestaria de los países, para todos los niveles de gobierno. La información ha sido suministrada por los siguientes organismos:
Datos de inversión privada se pueden obtener de la base de datos Private Participation in Infrastructure Projects Database, una iniciativa conjunta entre el Public Private Partnership Group del Banco Mundial y Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF).
La presente base de datos solo incluye datos de inversión pública dadas las diferencias en metodología para la recopilación de datos en comparación con la base de datos del Banco Mundial. Dichos datos beben ser tomados con cautela y de intentar una comparación se sugiere que sea solo con fines ilustrativos, ya que ambos tipos de inversión se registran con criterios diferentes. La inversión pública se mide en base al criterio devengado, mientras que la inversión privada corresponde a compromisos de inversión y se mide al cierre financiero de cada proyecto.
Las inversiones generales en un sector que no pueden ser desagregadas por subsector, han sido agregadas al subsector con mayor inversión para fines prácticos.
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Evidence-based potential efficiency gains in public infrastructure spending in Latin America and the Caribbean.
En este artículo se analiza la evolución reciente de la inversión en infraestructura en Latinoamérica.